lunes, diciembre 06, 2010

Blanca y pura descansa la paz... ¡En paz!

Al celebrarse los 62 años de la abolición del ejército en Costa Rica, actividad a la cual no recuerdo se le hiciera tanta alharaca en años anteriores, en medio de un circo belicista, sentí que desperté en la dimensión desconocida en la que todo era al revés o era un simple simulacro.

Este se volvió un país del simulacro, “donde los habitantes se dedican a celebrar ritos y a manipular objetos y palabras sagradas, cuyo sentido y cuyo fin sin embargo han olvidado”, nos diría Giorgio Agamben. Y eso es lo ha sucedido con la democracia, la soberanía y la paz. Se han convertido en ritos y palabras sagradas sin contenido como resultado del olvido de sus sentidos y sus fines.

Primero, pienso que la palabra “democracia”, debemos escribirla ahora tachando donde dice “demo”, para que nos quede lo que realmente tenemos, “democracia”: un demos (pueblo) sin krátos (poder), un krátos (poder) sin demos (pueblo).

Tenemos una democracia que no acepta la disidencia. En la que unos hermanos sin derecho alguno se presentan como los dueños del país e imponen presidentes, fiscales, diputados/as, magistrados/as, defensores/as de los/as habitantes, contralores/as y demás, como si cambiaran de calzoncillos.
¿Cómo se pretende hablar de democracia cuando “lo democrático” es utilizado como un mecanismo de legitimación de lo represivo?

Por eso fuimos a referendo por el TLC y por eso casi caemos en el referendo del odio. Por eso también tenemos a esta señora de presidente.

¿Cómo no hablar del analfabetismo político de los/as costarricenses en este simulacro de democracia, cuando en tiempos de elecciones no se hizo mención alguna a la política exterior de los/as candidatos/as a la presidencia?

Pienso que desde esas fechas habríamos comprendido que quienes actualmente están en el gobierno nada saben de la Política Internacional, y por eso han hecho un pésimo papel.

Hablemos ahora de soberanía ya que ahora todos/as se rasgan las vestiduras en su nombre y su supuesta defensa. Nos tocaron un antes insignificante suampo y aquél caluroso “Pura Vida” -siempre acogido con cariño por los extranjeros- se convirtió con gritos de guerra en “Pura Muerte”.

Pero, ¿dónde están las vestiduras rasgadas por la pérdida de nuestra soberanía alimentaria? ¿Dónde están los gritos nacionalistas que abogan enfrentar el cercenamiento de nuestra soberanía por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde están aquellas personas que se armarán para ir a defender al territorio nacional de una verdadera invasión militar de nuestro vecino del Norte, EEUU, y no de una ridícula escaramuza -la diferencia es enorme- de Nicaragua?

Hablan, gritan y ladran odiosamente la palabra “soberanía” porque nos pisaron un antes insignificante suampo, pero no se dice nada de la privatización de nuestras playas, cedidas a extranjeros.

¿Por qué no gritan soberanía por la privatización de nuestras carreteras, puertos y aeropuertos, que curiosamente son infraestructuras vitales y estratégicas, y que deberían estar siendo administradas celosamente por el Estado?

¿Por qué ahora la soberanía sí importa y no en tiempos del TLC? ¿Por qué la defensa de la Nación es la nueva convicción de los políticos y no cuando privatizan la educación, el seguro social, las comunicaciones y demás servicios e instituciones nacionales?

En realidad, me pregunto, ¿cuál soberanía se está defendiendo, si las colonias no tienen soberanía?

Viene a mi mente la cuestión con la paz.

Maldecimos a Nicaragua por su ataque a la naturaleza, pero no vemos que la “paz con la naturaleza” es una declaratoria de guerra sin cuartel que pretende, precisamente, que la naturaleza descanse en paz.

Vivimos en un país de paz en el que la presidente le declara una guerra a quienes se opongan a la destrucción del ambiente. Un país de paz en el que el gobierno hace público sus sueños mojados de ver militares en nuestras calles.

Un país que se dice pacifista y defensor de los derechos humanos pero que celebra la muerte de una persona a causa del ataque de perros.

Nos decimos pacifistas y le declaramos la guerra a Irak, país con el que no teníamos ningún “pedo existencial”.

Nos jactamos de que “bajo el límpido azul de tu -el nuestro- cielo, blanca y pura descansa la paz”, mientras nuestros cielos son sobrevolados por helicópteros militares, y un viejo avión de guerra.

Al ver este último, recuerdo los temibles “vuelos de la muerte”, que realizaba la dictadura militar argentina del “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), en los que se arrojaban la personas vivas anestesiadas al mar.

¿Pero qué paz es esta que defendemos a través de la guerra?

Sin lugar a dudas es la paz orwelliana, que es guerra. Es la paz de los predicadores de la muerte, que gritan “si vis pacem para bellum”.

La paz de los cementerios, que se plasma en los epitafios, Requiescat in pacem.

Es la pax americana, esa paz que se recordará en la historia con la escena de Barack Obama leyendo su discurso de aceptación del premio Nobel, mientras enviaba más militares a sus guerras carniceras.
Imagen que revivimos al celebrar los 62 años de la abolición del ejército, enviando más tropas de la heredera del monopolio de la violencia, a lo que ha sido presentado como un campo de batalla.

Y la paz es suspendida con la excusa de que será protegida. He aquí un punto interesante: argumentamos que Nicaragua está amenazando nuestra paz, la cual hemos decidido suspender, y declararnos en estado de guerra para defenderla.
A fin de cuentas ambas son afrentas a la paz.

Nos burlamos de Ortega porque usó Google Maps, pero ¿dónde están las risas cuando una presidente es declarada la “hija predilecta de la virgen de los ángeles” -como llaman a esa figura mítico-totémica-?. ¿Quién meditó sobre la posibilidad de que esa simple piedra asumiera el cargo de vicepresidente? ¿Por qué no nos burlamos de las puertas mágicas que quitan los pecados de quienes crucen a través de ellas?

En este sentido, resulta extraño que nos burlemos de alguien porque usó una herramienta virtual de la era de la información, mientras nosotros conservamos una mentalidad medieval en pleno siglo XXI.

Celebramos 62 años de la abolición del ejército con un enérgico entusiasmo por el restablecimiento del mismo.

La Chinchilla, empoderada, ya sabe para qué fue puesta como presidente, y no precisamente para posar en la revista Perfil. Los señores de la guerra, han dado ya su beneplácito.

El figuerismo que nos invita a que nos dejemos de “mamaditas”; el morismo que ingenuamente se presenta como la “izquierda legítima” y que no quiere que los “nicas” los vean como “los pendejos y los maricones”; la vieja guardia de liberación, los calderonistas, Monge, en un claro apego a la lógica de la guerra contra el terrorismo, no muy digno de una persona que durante su mandato abogó por la supuesta neutralidad del país, se deja decir que“se está con los invasores o se está contra ellos”.

En fin todos movilizados han dicho SÍ a la guerra. Costa Rica está sedienta de sangre.

No importa que seamos la excepción en la tendencia latinoamericana en reducción a la pobreza. No importa que hayan 700 personas damnificadas por las lluvias en zona norte y litoral Caribe. No importa que los documentos revelados por Wikileaks, los referentes a Costa Rica traten sobre política interna costarricense y que el Legislativo haya aprobado una reforma al Código Penal para sancionar delitos informáticos, en los que curiosamente, frente a esta wikileaksmania, destaque el espionaje y la intervención de la comunicaciones.

Ya no importan las corruptas concesiones. Ni los problemas judiciales de algunos/as candidatos/as a las alcaldías.

Ya nadie habla del Estado Laico, y los derechos de la comunidad GLBTT aún siguen siendo “no prioritarios” para este gobierno ahora ceñido con la guerra.

Atrás quedó la cuestión de la financiación a la Educación Superior y los planes de los sectores oligárquicos, bajo mandato del Banco Mundial, de privatizar las Universidades Públicas.

Ya nada importa, somos un país en guerra.

Y ambos gobiernos nos llevarán a la muerte absurda por mero cálculo político. Ortega solicita al Congreso nicaragüense que se le otorguen poderes de guerra y que se restablezca el servicio militar obligatorio. En Costa Rica, el ala belicista de la derecha nacional, representada por el ministro de seguridad José María Tijerino quien gustoso hizo gala de nuestro incipiente ejército nacional, ha logrado movilizar a la población, promover un nacionalismo rancio, mezclado con xenofobia y racismo. Se habla de la necesidad de restablecer el servicio militar, todos parecen pedirlo a gritos. Es lo propio de un estado de guerra, dirán.

Se ha logrado consolidar la Unidad Política, la gente, extasiada por la euforia nacionalista y el matonismo machista, pronto estará dispuesta a aceptar la consolidación del Estado Total, por eso se totaliza al “enemigo”. Y para justificar la necesidad y la permanencia del Estado Total, se le declarará una guerra al enemigo totalizado. Pero hay un enemigo interno, ya la Chinchilla lo caracterizó e hizo un llamado a la población para que se le unieran en su lucha contra los grupos radicales. Los movimientos sociales son los enemigos internos, son el verdadero objetivo a combatir y la razón para militarizar al país.

La situación se agudiza, los gobiernos se provocan.

La Chinchilla, la “Iron Maiden Tropical”, envía tropas a la frontera, tacha a Ortega de cobarde. Ella comprende ahora su papel. No fue colocada en el poder para que gobernara, ni para mandar, ni nada más que para administrar un proceso que los Arias le heredaron, y que ella está cumpliendo al pie de la letra: el restablecimiento del ejército es la última estocada a lo que queda de la Segunda República. Qué mejor forma de acabar con la Segunda República que destruyendo lo simbólico que la fundó.

No es un sueño, y a pesar de que parezca pesadilla, es nuestra realidad… Están militarizando a Costa Rica… nos encontramos en estado de guerra, la población movilizada se concentra en torno a la presidente, le dan su apoyo, hasta la misma oposición, administrada ya…

Estamos a un paso de que la violencia paranoica común de la guerra se desate y de paso a la violencia física contra ese enemigo y todo lo que representa, ya hablamos hasta de borrar a Nicaragua del mapa y en su lugar colocar el “mar de la felicidad”, una clara alusión al exterminio.

Blanca y pura descansa la paz… ¡en paz! Yo no tengo las manos manchadas de sangre, yo no me uno a la euforia nacionalista ni al matonismo machista.

En cambio usted, quien presuroso/a sacó sus banderitas guardadas para tiempos en los que juega la sele; usted, quien le da su apoyo ciego e incondicional a este gobierno en sus ansias militaristas, no importa que se diga de izquierda, universitario/a, ama de casa, empresario/a, colegial, religioso/a, humanista, etc, es usted un/a asesino/a, sus manos están manchadas de sangre.

Es por usted que la paz yace inerte, pisoteada por las botas militares, denigrada por los llamados a la guerra. ¿Quiere usted ser recordado/a como un asesino?

lunes, julio 19, 2010

Religión y guerra en Costa Rica: una unión carnal.

Para la revista de Literatura y Pensamiento PEZÓN
 
De entrada podría parecer extraña la relación entre la iglesia católica (*), el “observatorio ciudadano por la vida y la familia” y su campaña contra la población LGBT, y la entrada de buques de guerra estadounidenses a territorio costarricense. Pero una mirada atenta a ambas cuestiones nos permitirá comprender el vínculo entre estos hechos.

Una aproximación inicial nos presentaría una primera relación: la religiosidad de la oligarquía nacional, la misma que invitó a Steven Seagal para asesorarnos en temas de seguridad, pero que al final solo nos dejó alborotados. No sería de extrañar que ante el posible rechazo de Chuck Norris de venir a Costa Rica para asesorarnos también en temas de seguridad, la oligarquía nacional no le quedó de otra que considerar a los militares estadounidenses como una “alianza necesaria” para combatir un flagelo que la misma oligarquía ha fomentado.

Pero la religiosidad de la oligarquía es más que un ir devotamente a misa los domingos, como hacen algunas personas que profesan dicha religión. No, la relación entre el grupo oligárquico y el clero es mucho más carnal, al punto en el que la iglesia no sólo unge a la “emperatriz” Chinchilla (quien cumple un rol meramente simbólico, como una reina en una monarquía parlamentaria), como hija predilecta de una figura mítico-totémica de segunda categoría (en el patriarcado la mujer siempre es relegada a un segundo lugar pasivo), sino también en la invitación a los representantes de la conferencia episcopal por parte del Ejecutivo para crear una comisión que garantizará “un mecanismo permanente de relación entre el gobierno y la iglesia católica”. Ni que hablar del beneplácito, tácito, que le otorga la administración Chinchilla a la iglesia y a los grupos conservadores para que hagan y deshagan en el tema de las uniones gais y el reconocimiento de sus derechos, al afirmar que “No es una prioridad” de su gobierno, como si lo es, paradójicamente, que la comunidad internacional reconozca al régimen golpista hondureño, violador flagrante de Derechos Humanos o adscribirse incondicionalmente a la política exterior estadounidense.

Hasta este punto, ya sabemos que el papel de la “emperatriz” ha sido el posar para la revista Perfil y meditar sobre sí a la figurilla mítico-totémica a la que el patriarcado reprimió sexualmente le interesará o no ser partícipe de los “asuntos terrenales”. Además de su cercanía con la iglesia católica, cuya misión ya no consiste en la salvación de almas, sino también hacer de prestamista e inversora, ya que las limosnitas no dan para más, “por eso de la crisis” y por que “dios es una mala paga”. Sin olvidar el apoyo a su postura declaradamente homofóbica. Pero, ¿Cuál es la relación entre el discurso homofóbico cristiano-católico y la entrada de embarcaciones militares estadounidenses? La respuesta es muy sencilla: el discurso inmunitario.

Ambos discursos tienen como rasgo esencial la intrusión y/o contaminación que amenaza con disolver, penetrar, alterar, transformar y corromper lo social, la comunidad en sí misma. Ambos discursos llevan al extremo dicha amenaza, que presentan como inminente. Cabe rescatar aquí lo que plantea Eduardo Saxe en su libro Colapso Mundial y Guerra sobre este punto: “la inminencia es la última fase de la amenaza, y se confunde casi con el “peligro”. Pues la amenaza puede aumentar, con lo que las probabilidades de daño también crecen, mientras que los plazos tienden a reducirse, correspondientemente un “peligro” aparece cuando la amenaza deja de ser inminente y empieza a cumplirse y realizarse. La destrucción que trae ese creciente peligro puede ampliarse hasta afectar los componentes y relaciones básicos de las personas o entidades perjudicadas, dañadas”.

La homosexualidad y el narcotráfico son presentados, conjuntamente, como la destrucción de la vida misma y la familia. La amenaza se presenta como inminente al utilizar el abandono y la desprotección de las ideas cínicas divinizadas: dios y el estado. La muerte y la disolución de lo social se hace inminente debido a que nos hemos alejado de dios y por que el estado se ha vuelto incapaz de protegernos. En otras palabras, nos hacen creen que nos encontramos en una especie de “estado fallido”.

La sensación de desamparo tiende a provocar un estado de incertidumbre, de miedo. Erich Fromm en Miedo a la Libertad sostiene que “a menos que pertenezca a algo, a menos que su vida posea algún significado y dirección, se sentirá como una partícula de polvo y se verá aplastado por la insignificancia de su individualidad”. El miedo a la soledad y a la muerte se convierte en cotidianidad. Lo que nos relaciona es una guerra de todos contra todos al mejor estilo hobbesiano... ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Cri cri cri... No, no esperen al Chapulín Colorado, que ya está en el geriátrico. Curiosamente lo que nos sacará de esa lucha a muerte, es, precisamente, otra lucha a muerte (Sí, lo sé, apesta a Hobbes). La salvación del “nosotros” implica la destrucción de los “otros” que nos amenazan.

Y es en este punto en el que hace aparición la lógica inmunitaria. El referendo del odio y la entrada de buques de guerra estadounidenses son los instrumentos que “nosotros” tenemos para inmunizarnos -protegernos- de la amenaza de los “otros”. La inmunización controlará la contaminación.

Otro ejemplo de la campaña inmunitaria de la iglesia católica es la “puerta santa” -la nueva atracción del parque de diversiones-, que garantiza para quien pase por ella, la obtención de una “indulgencia plenaria”, como si se tratase de un premio de “turno”. La esencia de la “puerta santa” es la celebración “del misterio de la vida y el matrimonio entre varón y mujer”, es decir, la reafirmación de la vida mientras se niega la vida misma y derechos a todas aquellas personas que no se adecuen a los patrones medievales de la iglesia. Pienso que no sería de extrañar que tras la impunidad concedida por el gobierno a los militares estadounidenses, la iglesia ofrezca las “bondades” de la puerta, para que los militares puedan realizar sus “andanzas” sin cargos de conciencia.

Inmunizar la comunidad implicará la constitución de una nueva comunidad con un aparato inmunitario reforzado (tremenda contradicción en cuanto la immunitas es lo contrario de la communitas). En otras palabras, para enfrentar la condición de “estado fallido” se debe consolidar un “estado total”, es decir aquél estado que protegerá la nueva “unidad política” mediante la supresión de la disidencia, declarando una “guerra total” contra un enemigo totalizado (¡Ufa! Nos embarramos de fascismo). Así nos incorporamos a una guerra sin cuartel, en el que la neutralidad no es permitida, es la lógica de la guerra contra el terrorismo, en la que sólo se aceptan dos posturas: Amistad o Enemistad; adentro o afuera, ¿están conmigo o en mi contra? Es la postura de Vittorino Girardi, obispo de Tilarán-Liberia; de Mauricio Boraschi, el zar contra el narcotráfico; de George W. Bush, quien no necesita presentación; y cuyo ideólogo no es otro que el iusfilósofo del nazismo, Carl Schmitt.

La política de inmunización es legitimada tanto divina como políticamente: La “hija predilecta” de la figurilla mítico-totémica es galardonada con un doctorado “honoris causa” por “su liderazgo en temas de seguridad humana, paz y democracia”, haciendo que la militarización se entienda como una pacificación y la suspensión del estado de derecho -estado de excepción-, para la consolidación del estado total, sea vista como la protección del mismo estado de derecho (la lógica inmunitaria afirma negando).

El no ver como una prioridad el tema de las uniones gais por parte del gobierno, y la indeterminación de la iglesia católica sobre la entrada de embarcaciones militares, evidencia la complicidad existente, esa unión carnal entre religión y guerra, ambos son mecanismos inmunitarios, que a escala mundial se refleja en el reordenamiento jurídico-político resultante de la guerra contra el terrorismo y la reevangelización propuesta por Ratzinger.

Por último, cabe destacar que las cuestiones que al comienzo nos parecían no tener vínculo alguno terminan por coincidir, curiosamente, hasta en el plano geopolítico: tanto la guerra contra el narcotráfico -”terrorismo latinoamericano”-, y la reevangelización ratzingeriana, pretenden retomar el control de América del Sur, aquella que en tiempos de las dictaduras de seguridad nacional era aliada tanto de Estados Unidos como del Vaticano.

En fin, seremos salvados por aquellos que, irónicamente, atentan contra nuestra vida. Y al final sólo nos dirán: “podéis (mor) ir en paz”.
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* Intencionalmente no se utilizan algunas mayúsculas.

miércoles, abril 14, 2010

La violencia del Ariato. Parte I: Apuntes sobre la tiranía en la democracia


La frase “Dictadura Democrática”, en el caso costarricense, surge a raíz de la “Tiranía en la democracia, presente en las declaraciones de Oscar Arias en 2005, cuando aún era candidato a la presidencia, en las que afirmaba que: "las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quienes le pueden ayudar a conseguirlo”[1].

Si bien la frase dictadura democrática nos invita a encontrarle un sentido metafórico que nos permita caracterizar este gobierno y la forma en la que se ha conducido. Este oxímoron nos sumerge en una lógica de inmunización que elimina las contradicciones en favor del discurso de dominación.

La dictadura es completamente antagónica a la democracia, una suspende a la otra. Al utilizarla, lo que estamos haciendo es atribuirle una esencia democrática a la dictadura. De esta forma invisibilizamos el carácter despótico al impregnarlo de una esencia democrática. Anulamos la anulación de la noción de democracia que sí se encuentra en las palabras de Arias sobre la “tiranía en la democracia”.

Cuando Arias declaró que iba a promover la “tiranía en la democracia”, hacía gala de una transgresión al lenguaje. Según Marcuse: “Nombres como «libertad», «igualdad», «democracia» y «paz» implican, analíticamente un grupo específico de atributos que se presentan inevitablemente cuando el nombre se escribe o se menciona (1972: 118). En el “universo del discurso, continúa Marcuse, en el que los opuestos se reconcilian tiene una firme base para tal unificación: su provechosa destructividad” (1972:119) De ahí que, la “tiranía en la democracia” tiene como fin la eliminación de todo lo “democrático”.

Entonces, y aunque parezca extraño, “dictadura democrática” no es lo mismo, o al menos no pretende lo mismo que la “tiranía en la democracia”. La última pretende eliminar todo lo democrático: Al promover la tiranía se suspende la democracia. Mientras que la primera, por el contrario, reafirma la democracia y le atribuye un carácter democrático a la dictadura: Al colocar “lo democrático” como adjetivo estamos diciendo que “la dictadura es democrática”, y, por tanto, al ser democrática, se suspende o elimina la dictadura.

De las declaraciones de Arias resaltan 3 elementos que nos resultan interesantes: Mandato claro, “un líder que sabe qué es lo que quiere” y “quienes le pueden ayudar a conseguirlo”. Estos tres elementos nos recuerdan al periodo de la historia mexicana conocido como el “maximato” (1928-1934). Periodo en el cual el poder recayó de forma “natural” en el presidente Plutarco Elías Calles, conocido como el “jefe máximo”, quien, además, llegó a ejercer el poder de forma indirecta detrás de los gobiernos que le sucedieron.

Según John Saxe-Fernández, el continuismo o “maximato” es lo que Washington “impulsa a nivel hemisférico” (Saxe-Fernández, 2002: 137), a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Ese continuismo, deseado por Washington se reflejará en la figura de Oscar Arias. El “ariato”, como he dado en llamarlo, comienza a hacerse evidente desde la Administración Pacheco (2002-2006), en la que Rodrigo Arias, “el Gran Hermano”, actuó como asesor del presidente, así como también la influencia que ejerció Oscar Arias en los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) de entonces.

El “ariato” se consolidará con el asalto al poder que significó la reelección presidencial. Esto en cuanto la reelección abrió “las puertas para una nueva ronda del clásico caudillismo y, con ello, la posibilidad del tipo de crisis políticas ya superadas en 1948” (Saxe, 1995: 4). Según Eduardo Saxe, “la prohibición a la reelección presidencial fue establecida para impedir la formación de oligarquías. La vigencia de la reelección también señala la oficialidad del régimen neo oligárquico” (Saxe, 2005: 316).

De ahí que si Washington impulsa a nivel hemisférico la consolidación de “maximatos” a través de TLC, no es de extrañar que Oscar Arias sea considerado como el “presidente del CAFTA”[2] (Central America Free Trade Agreement), y que los medios de comunicación destaquen su imponente forma de gobernar, sin necesidad de realizar consultas públicas. De la lucha por el TLC el ariato comprendió que para poner en práctica la “tiranía en la democracia”, y con ello imponer el TLC, era necesaria la implementación de terapias de shock, el referéndum, y la implementación de terrorismo de Estado, el memorándum Casas-Sánchez[3].

Ahora bien, surge la pregunta ¿Cómo mantener en el poder al continuismo deseado por Washington sin destruir la fantasmagoría de la democracia? En este punto el ariato fue más ingenioso que otros gobiernos de la región fieles a los designios washingtonianos: realiza un espectáculo electorero y coloca en el poder a una mujer, Laura Chinchilla, cuyo triunfo electoral es apropiado por Arias y visto como un apoyo popular a su gestión. El ariato se mantiene, Arias continúa siendo el “titiritero” por cuatro años más.

Por último, las declaraciones de Arias nos detallan, además, que “el caos y la anarquía” solo pueden ser enfrentados, con un Ejecutivo fuerte, que ha cooptado los demás poderes para alcanzar sus objetivos. Que pretende la consolidación de un “Estado Total” como único mecanismo para hacer frente al Colapso Mundial, así como a la creciente oposición, resultante de las disparidades y excesos de este sistema que se hunde. La “paz” y la “tranquilidad” sólo se conciben relacionadas al orden. Y el orden se le relaciona a la autoridad.

Sí afirmamos, por tanto, que la “tiranía en la democracia” pretendía (y así lo hizo) una suspensión de la democracia, debemos prever que al hacerlo, también se suspenden las regulaciones para evitar excesos indebidos en torno a la excepcionalidad. Sí hace veinte años Arias nos decía que los problemas de la democracia se solucionaban con más democracia. Actualmente se dio cuenta que se solucionan suspendiendo la democracia. El ariato se concibe como el poder soberano schmittiano, es decir, aquél que decide sobre el estado de excepción. En otras palabras, la “tiranía en la democracia”, que caracteriza al ariato, es “estado de excepción”, que según Agamben, es “la respuesta inmediata del poder estatal a los conflictos internos más extremos” (Agamben, 2004:25), precisamente, “para evitar el caos y la anarquía”.

Referencias.

Agamben, G. (2004). Estado de Excepción. Trad. Costa, F/Costa, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Marcuse, H. 1972. El Hombre Unidimensional. 9ª ed. Trad. Elorza, A. Barcelona: Editorial Seix Barral.

Saxe, E. (2005) Colapso Mundial y Guerra. San José: Editorial Amo al Sur.

_______ (1995). Mama Chepa: Presidenta y Reina de Costa Rica. Heredia: Impresiones Alejandrinas.

Saxe, J. (2002). La compra-venta de México: una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. México: Plaza y Janés

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[1]Arrieta, E. “Arias defiende tiranía en elección de diputados”. En La Prensa Libre. 3 de septiembre de 2005. http://www.prensalibre.co.cr/2005/setiembre/03/nacionales04.php última visita 12 de agosto de 2009. Subrayado nuestro.
[2]Córdoba, J. “Arias, el presidente del CAFTA”. En La República, 12 de abril de 2010: http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=35241
[3]Memorándum redactado por el entonces vice-presidente y ministro de planificación Kevin Casas y el diputado oficialista y sobrino de Arias, Fernando Sánchez. En el texto del memorándum le recomendaban a Arias la utilización del miedo para así lograr el apoyo a favor del TLC. En varias ocasiones hemos destacado que este memorándum, más allá de una serie de consejos para ganar el referéndum por el TLC, era por el contrario la explicación de cómo se tenía que gobernar de ahora en adelante.

miércoles, febrero 03, 2010

Auschwitz como modelo sanitario. Vacunación obligatoria, excepcionalidad y tanatopolítica

A medida que la enfermedad se extienda y cobre gravedad, la sociedad podría decidir que hay que contener por la fuerza a las personas infectadas y obligarlas a tomar sus medicamentos o incluso encarcelarlas”.

Susan George

Remembranzas de Abril

A pesar de que los primeros casos detectados de A H1N1 se dieron en marzo de 2009, es hasta el 21 de abril en que son confirmados dichos casos, pero son hechos público hasta el 23 de abril de 2009. En Costa Rica la administración Arias declara “estado de emergencia sanitaria” el 28 de abril de 2009.

Sin embargo, en este breve recuento se omiten sucesos que debemos traer a colación. En el mismo mes de abril de 2009, el Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM) lleva a cabo en Centroamérica y el Caribe una serie de ejercicios denominados “Fuerzas Aliadas Humanitarias” (FAHUM 2009) que pretendía analizar la capacidad de respuesta de los gobiernos ante “desastres naturales”. Sin embargo, en el sitio oficial del Comando Sur se lee entre los objetivos que persiguen los ejercicios FAHUM, más allá de la prevención de desastres naturales: fomentar las alianzas, las relaciones y los acuerdos regionales de seguridad, mejorar las relaciones de cooperación regional, política y militar; ofrecer o promover la seguridad regional y la interoperabilidad, obtener apoyo para las fuerzas de EE.UU. y sus intereses, promover y mejorar las medidas de cooperación y de capacidades colectivas militares; Promover, apoyar y fomentar la democracia y la estabilidad en América Latina y el Caribe1.

Los ejercicios se realizaron en diferentes países de la región Caribe (Antigua, Costa Rica, Granada y Honduras), cabe destacar que el Mar Caribe es una de las zonas geoestratégicas más importantes de América latina y de vital interés para los Estados Unidos (EEUU) por encontrarse ahí la isla de Cuba, la región petrolera de México, la Centroamérica rica en biodiversidad, el canal de Panamá así como la región del Orinoco, en Venezuela, una de las regiones más ricas en petróleo pesado del mundo.

De ahí que resulte interesante encontrar entre los objetivos no sólo el obtener apoyo a las fuerzas armadas y a los intereses estadounidenses entre los países de la región, sino también la promoción y apoyo a la democracia y la estabilidad en América Latina y el Caribe, lo que nos muestra las intenciones, militares y políticas, estadounidenses contra 2 países que no se guían por los mandatos emitidos desde Washington: Cuba y Venezuela.

En las FAHUM 2009 participaron Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, San Kitts & Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Turks y Caicos, y Costa Rica.

Los ejercicios se dividieron en diferentes simulaciones: en Antigua, isla cercana a Haití, curiosamente el simulacro consistió en un terremoto; en Costa Rica se realizaron 2 simulacros, el primero realizado el 17 de abril de 2009, consistió en una pandemia de influenza aviar, que curiosamente es, al igual que la “gripe porcina”, una variante del influenzavirus A del subtipo H1N1. La otra simulación fue una inundación. En el caso de Honduras y Grenada los simulacros consistieron en inundaciones y un terremoto, y un Tsunami, respectivamente.

Siete días más tarde, el 24 de abril de 2009, el Sistema de Vigilancia de la Salud, adscrito al Ministerio de Salud, comienza a detectar, en Costa Rica, casos sospechosos de influenza A H1N1. El 29 de abril, se publica en el diario oficial La Gaceta el decreto No. 35217- MP-S, con fecha del 28 de abril, que declara “Estado de emergencia sanitaria”, imponiéndose así, el estado de Excepción en Costa Rica.

Estado de Excepción en Costa Rica

En el texto del decreto No. 35217- MP-S, en la parte de considerandos se lee: “Que en caso de peligro de epidemia, o de epidemia declarados por el Poder Ejecutivo, toda persona queda obligada a colaborar activamente con las autoridades de salud” (…) “Que las autoridades públicas están obligadas a aplicar el principio precautorio en materia sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables al ambiente y a la salud de los habitantes”. Sin lugar a dudas estamos ante la figura del estado de excepción.

Cabe destacar que “el estado de excepción no es un derecho especial (como el derecho a la guerra), sino que, en cuanto suspensión del propio orden jurídico, define el umbral o el concepto límite” (Agamben, 2004:28). Agamben sostiene que “si bien un uso temporario y controlado de los plenos poderes es teóricamente compatible con las constituciones democráticas, un ejercicio sistemático y regular de la institución conduce necesariamente a la liquidación de la democracia” (Agamben, 2004:33)


Ahora bien, la declaratoria de excepcionalidad nos remite a la búsqueda de una “unidad nacional” para enfrentar una “situación inusual”. De ahí que la declaración de un estado de excepción pretende la consolidación de un Estado Total, que garantice esa “unidad”. Según Ramón Campderrich, el Estado Total "es aquel estado que se propone y consigue monopolizar los modernos medios técnicos de dominación de las masas para afianzar su poder y restaurar su deteriorada autoridad (...) El estado total es el estado moderno que se adueña de los medios técnicos de manipulación de masas y los emplea hábilmente para reconstruir una unidad político-ideológica sin fisuras (...) Naturalmente, un estado total no puede tolerar ninguna disidencia, ninguna resistencia a fundirse en la homogeneidad política que persigue. (Campderrich, 2005: 51, énfasis nuestro)". De ahí el carácter de obligatoriedad que se le exige a la población en general.

Quienes no acaten esa obligatoriedad se verán atrapados por la distinción política específica entre amigo y enemigo. Según Campderrich “la « distinción política específica», esto es, «la distinción entre amigo y enemigo», evoca una relación de identidad y conflicto colectivos que produce una determinada forma de agrupación y oposición entre seres humanos, siendo los primeros términos de cada pareja (identidad y agrupación) y los segundos términos de cada una de ellas (conflicto y oposición) las dos caras de un mismo fenómeno” (2005:43). Aquellos que sean considerados enemigos, como lo veremos más adelante con el caso de los sindicatos del sector salud, se les debe contener y oponer (en principio) por poner en riesgo la “unidad política”.

En el caso costarricense, la excepcionalidad se encuentra reglamentada en el título X, capítulo II, “deberes y atribuciones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo”, artículo 140, inciso 4, donde se nos remite al inciso 7 del artículo 121, parte de las atribuciones de la asamblea legislativa, que expresa la suspensión temporal “en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 222, 233, 244, 265, 286, 297, 308 y 379 de esta Constitución”.
Se podría argumentar, en detrimento de estos planteamientos, que el artículo 140, inciso 4 de la Constitución Política, le otorga potestades sobre el estado de excepción al Ejecutivo, durante los recesos de la Asamblea Legislativa y por tanto “el decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías”.

Sin embargo, cabe recordar que la elección de diputados fue realizada “dedocráticamente” por el mismo Oscar Arias, quien afirmó “no quiero tener en mi Gobierno a una fracción que hace lo que le da la gana, en donde algunos diputados le faltan el respeto al señor Presidente cuando no están de acuerdo con él (…) Costa Rica prefiere un candidato que puede elegir a su gente y que tiene la posibilidad de sacar al país del caos y la anarquía en que se encuentra”10.


Se deben sumar, además, los votos de la ficticia oposición, conformada por los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reviviendo de esta forma el pacto entre este partido y el Partido Liberación Nacional (PLN), para turnarse el gobierno, surgiendo así el conocido (PLUSC). Junto al apoyo de grupos minoritarios, como el de la derecha cristiana, el movimiento libertario y de diputados independientes. Como resultado se obtiene el famoso grupo de diputado aliados a los Arias, mejor conocido como “G-38”.

Tras la declaratoria de “estado de emergencia sanitaria nacional”, el 6 de mayo de 2009 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad emitieron en conjunto un comunicado en el que se presentaron “los lineamientos específicos para los jefes de delegaciones del Ministerio de Seguridad Pública y similares”. Detallando así los mecanismos de cooperación entre ambos ministerios, así como las medidas de organización para la implementación de las acciones (definición de roles, identificación de grupos de interés, garantía de las prácticas de salud difundidas por el Ministerio de Salud, acceso a servicios de salud para el personal de la delegación); las medidas de control (cumplimiento de responsabilidades asignadas, identificación de síntomas en personal y visitantes, reportes de casos sospechosos al Ministerio de Salud); las medidas de divulgación (elaboración y seguimiento de un plan efectivo de comunicación, preparación y difusión de mensajes, abordaje del miedo y la ansiedad ante rumores, información actualizada sobre la situación de la epidemia en el país). De esta forma el Ministerio de Salud, no sólo detallaba los lineamientos para la prevención de contagio en las delegaciones policiales, sino que a las vez las fuerzas policiales eran preparadas para actuar bajo las directrices del Ministerio de Salud, durante el estado de “emergencia sanitaria”.

El lunes 22 de junio de 2009 el Sindicato de Técnicos, Auxiliares y Asistentes Administrativos de Farmacia (SINTAF), convoca a una huelga general indefinida como medida de reclamo por “una serie de compromisos que a su criterio fueron incumplidos por la CCSS como por ejemplo la homologación salarial con otros técnicos de la entidad”11. La declaratoria de ilegalidad fue realizada mediante la emisión de una “orden sanitaria”, en la que se le solicitaba a los huelguistas acabar con la huelga, debido al “estado de emergencia sanitaria”, decretado para hacer frente a la “influenza mediática” o AH1N1. Ante esta situación, la postura de la CCSS fue contundente: “Quienes desobedezcan las disposiciones, de dar la atención médica ante la pandemia, se exponen a sanciones patrimoniales y penales12”. Este ejemplo denota como la excusa de la pandemia ha servido, no sólo para atemorizar a la población, sino, también, para continuar desmovilizándola.

Como una demostración de los plenos poderes otorgados por la declaratoria de Estado de Excepción, el 14 de julio de 2009, el Ministerio de Salud ordenó la suspensión del regreso a clases de todos los centros educativos, públicos y privados, tras las vacaciones de medio periodo. La medida desató un estado de incertidumbre y miedo en la población, principalmente entre los padres de familia que temían por la salud de sus hijos/as.

La incertidumbre y el temor se vieron acrecentados cuando el Ministerio de Salud, tomó la decisión de suspender la tradición religiosa de la romería a la ciudad de Cartago, que se realiza el 2 de agosto de cada año. Todo parecía indicar que ni “dios” (esa idea cínica divinizada), podría “ayudar” a los/as costarricenses a enfrentar la crisis sanitaria, que aunada a la crisis económica y la sensación de inseguridad, que ha sido llevada a niveles paranoicos por este gobierno y los medios de comunicación, parecen ser muestra la constante aplicación de una “terapia de Shock”, cuyo objetivo es controlar el estado anímico de la población, con el propósito de mantenerla domesticada.

Lo anterior se encuentra reflejado en el comunicado de prensa del Ministerio de Salud, en el que se suspende la romería, en el punto 10 en el que se lee “Las decisiones se van tomando día a día con el fin de producir el menor impacto para la vida normal del país y sus habitantes, no podemos paralizar el país, ni ocasionar una crisis dentro de otras crisis”; y en el punto 11, donde se afirma que “Esta emergencia tomará 20 meses más y por ello debemos adaptarnos a cambios en nuestros estilos de vida13. Generando así, como se explicó anteriormente, temor e incertidumbre, así como la adaptación de la población a vivir bajo estado de excepción14.

El 9 de septiembre de 2009, el Ministerio de Salud, amparado en la declaratoria de estado de emergencia sanitaria nacional, vuelve a emitir una “orden sanitaria” con el objeto de desmovilizar, nuevamente, a los sindicatos del sector salud, tal como se lee en el comunicado de prensa de dicho ministerio: “con el fin de suspender, en forma inmediata, todo movimiento de paro de labores relacionado con los servicios de salud y/o huelga en dichos servicios”15.

Para finales de 2009, se sigue utilizando terapia de Shock contra la población, con el argumento de una “segunda ola”, más fuerte, de la influenza, por lo que el estado de excepción se mantiene para resguardar la salud pública. Curiosamente, la “Segunda Ola” nunca llegó, y el 20 de enero de 2010, la viceministra de salud, Ana Morice afirmó que “por ahora la segunda ola pandémica está descartada16. Sin embargo, llevamos 9 meses de Estado de Excepción, tal parece que la excepcionalidad, ha dejado de ser temporal y ha pasado a ser una normalidad normativa.

El 13 de enero de 2010, a pesar de que a nivel mundial existen cuestionamientos sobre la efectividad de las vacunas, así como fuertes cuestionamientos a la Organización Mundial de la Salud por el manejo de esta supuesta pandemia que ni siquiera supera las muertes provocadas por la gripe estacionaria, la administración Arias, haciendo gala de un claro ejercicio biopolítico (que posiblemente será, más bien, tanatopolítico) y lo que parece ser, la aplicación de una lógica de “dispare primero, pregunte después”, declara la vacunación como obligatoria.

La esencia biopolítica

En el decreto ejecutivo No. 35703-S, se declara como obligatoria la vacunación contra la influenza AH1N1. Dicha obligatoriedad puede ser vista desde 2 perspectivas que emanan del decreto No. 35217- MP-S, en el que se declara estado de emergencia sanitaria: por una parte la obligación de la población de acatar las directrices gubernamentales y, por otra, la obligación de las autoridades públicas para aplicar “medidas preventivas”.

Al leer el texto del decreto No. 35703-S, surge una ambigüedad que, aunado al papel (des)informativo de los medios de comunicación, nos deja en un estado de incertidumbre. Se lee en el primer artículo del decreto: “declárese obligatoria la vacunación contra el virus de la influenza humana AH1N1 y se establecen las siguientes prioridades de vacunación: a) mujeres embarazadas en el último trimestre del mismo; b) niños mayores de 6 meses, adolescentes y adultos, que cuenten todos con condiciones de riesgo como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, oxígeno-dependientes, diabéticos, hipertensos, cardiópatas con cardiopatías congénitas o adquiridas, inmuno-suprimidos a quienes su médico tratante recomiende la vacuna, en apego a los lineamientos específicos emitidos por el Ministerio de Salud; y c) Personal sanitario de atención directa a las personas ya sea a nivel hospitalario o extrahospitalario”.

Sin embargo, no se detalla en el texto del decreto si esa obligatoriedad es para toda la población o sólo para las personas que conforman los grupos ya mencionados. A pesar de dicha ambigüedad en el texto del decreto, se puede leer en las noticias: “la obligatoriedad de la aplicación de la dosis es para toda la población”17. Lo que sí queda claro es que hay “prioridades de vacunación” en relación a las personas con factores de riesgo, que incluso se están elaborando “listas de afortunados18”, según palabras de Ubaldo Carrillo, gerente de logística de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que nos lleva a recordar a “los afortunados a recibir un baño”, es decir los prisioneros de los campos de concentración que iban a ser gaseados.

La categoría que surge tras la medida de obligatoriedad de la vacuna, es la de “personas de riesgo”, que nos conduce a una distinción biopolítica específica, entre poder soberano y Homo Sacer. Es decir, entre la relación entre quienes determinan qué es un riesgo y quienes representan ese riesgo y la figura del Homo sacer, “cuya vida es insacrificable y a la que, sin embargo, puede darse muerte” (Agamben, 2003:108).

La tanatopolítica, ésta es la política de muerte, también es dejada en nuestras manos, se nos permite “elegir” (elección determinada por el Estado, así como las opciones elegibles) sobre nuestra salud, claro está, que previamente se nos “invita” a colaborar por el bien de la comunidad, arriesgar nuestra vida, individual, en beneficio de la “salud pública”. Semejante argumento lo encontramos en los experimentos que realizó la farmacéutica Novartis en el país, argumento con una fuerte esencia fascista.

La ambigüedad ya mencionada en el decreto de la vacunación obligatoria, faculta al Ejecutivo a determinar quiénes son personas de riesgo y las medidas preventivas que se pueden aplicar sobre ellas. Además, cabe recalcar que, los beneficios políticos que ha obtenido el gobierno de la declaratoria de estado de excepción, como, por ejemplo, la desmovilización de sindicatos, nos conduciría a una politización de la noción de riesgo, así como de las “medidas preventivas”.

Ahora bien, a pesar de las críticas sobre la medida de vacunación implementada por el gobierno, así como los cuestionamientos que ha recibido la vacuna, tanto a nivel internacional como nacional, el gobierno no da marcha atrás en su decisión, alegando que son más los beneficios que los costos.

Los experimentos médicos que fueron parte esencial de la biopolítica del régimen nazi, fueron sancionados en los Juicios de Nuremberg, a pesar de que los imputados alegaban como defensa, que otros países llevaban a cabo experimentos similares con presos condenados a muerte. Se condenó a los investigadores alemanes por actuar “en la maraña de métodos inhumanos de una dictadura, con el fin de mantenerlos y justificar su insensatez” (Mitscherlich, citado en Agamben, 2003:200-201).

Lo anterior nos lleva a plantear el mismo cuestionamiento de Agamben hacia ese tipo de experimentación con la vida que realiza este gobierno, y que han realizado otros, incluyendo al régimen nazi. Dice Agamben “si teóricamente cabe comprender que experimentos de esa índole no plantearan problemas éticos a los investigadores ni a los funcionarios en el seno de un régimen totalitario que operaba en un horizonte declaradamente biopolítico, ¿cómo fue (es, BGH) posible que experimentos análogos en cierta medida, se pudieran llevar a cabo en un país democrático? (2003:2001).

Sin lugar a dudas están experimentando con nuestras vidas, que han sido declaradas como “indignas de ser vividas”, nos han catalogado como cobayas humanos, lo que los nazis llamaban Versuchenpersonen, ahora somos conejillos de indias. Y nuestra muerte es llevada a cabo de forma sacrificial, para salvar a este sistema capitalista que agoniza, somos todos Homo Sacer.

Ya nos lo advertía Susan George en el Informe Lugano, “el siglo XXI debe elegir entre disciplina y control o tumulto y caos. La única forma de garantizar el máximo bienestar para el mayor número de personas, al mismo tiempo que se preserva el capitalismo, es reducir el número de personas” (George, 2003:95)

Por último, considero necesario hacer una advertencia: “el estado de excepción, que era esencialmente una suspensión temporal del ordenamiento sobre la base de una situación real de peligro, adquiere ahora un sustrato espacial permanente que, como tal, se mantiene, sin embargo, de forma constante fuera del ordenamiento jurídico” (Agamben, 2003:215). Ese sustrato espacial permanente que adquiere el estado de excepción, no es otro que el campo de concentración. En otras palabras “el campo de concentración es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla” (2003:215, énfasis del autor).

Agamben, sostiene que “tales campos no nacen del derecho ordinario (y todavía menos, en contra de lo que pudiera creerse, de una transformación y un desarrollo del derecho penitenciario), sino del estado de excepción y de la ley marcial” (2003:212). En el caso de los campos de concentración nazis, “la base jurídica para el internamiento en ellos no era el derecho común, sino la Schutzhaft (literalmente: custodia protectora), una institución jurídica de raigambre prusiana, que los juristas nazis clasificaban en ocasiones como una medida de policía preventiva, en cuanto permitía «poner bajo custodia» a determinados individuos, con independencia de cualquier contenido penalmente relevante, con el único fin de evitar un peligro para la seguridad del Estado (2003:212, énfasis nuestro)19.

Ante todos estos hechos, es posible (aunque no muy placentero) imaginar que lo plasmado en los decretos ejecutivos No. 35217- MP-S (con fecha del 28 de abril de 2009) y el No. 35703-S (con fecha del 13 de enero de 2010) referente a las obligaciones de las autoridades públicas de “tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables al ambiente y a la salud de los habitantes” conduzca a «poner bajo custodia» a determinados individuos, considerados como “personas de riesgo” en campos de “reclusión sanitaria” para así resguardar la salud pública. Se contempla así, la tanatopolítica del “fascismo a la tica”, que caracterizó a este gobierno, y que podrían reproducir eventuales gobiernos de Laura Chinchilla20 y Otto Guevara21.

Esta no es sólo la situación de Costa Rica, es la del mundo entero, un mundo en el que las derechas con una fuerte esencia fascistoide acceden al poder y, cada vez más. Un mundo en el que la máxima necessitas non habet legem (la necesidad no conoce ley), es la regla. Ante todo esto “tenemos que encontrar formas para detener a las personas que no se detendrán ante nada” (George, 2003:240).


Referencias

Agambem, G. (2003). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Trad. Gimeno Cuspinera, A. 1a reimp. Valencia: Pre-textos.


_______ (2004). Estado de Excepción. Trad. Costa, F/Costa, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.


Campderrich, R. (2005) La Palabra de Behemoth. Derecho, política y orden internacional en la obra de Carl Schmitt. Madrid: Editorial Trotta.


George, S. (2003). Informe Lugano. 9a ed. Trad. Wang, B. Barcelona: Icaria Editorial/Intermón.


González, B. (2009) Costa Rica. La república del miedo. Mimeo.


P.D.: Los comunicados de prensa, así como los decretos fueron tomados de la página web del Ministerio de Salud de Costa Rica: www.ministeriodesalud.go.cr

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*Apuntes tomados del ensayo “Costa Rica. La república del miedo”.

** Magíster en Estudios Latinoamericanos. Licenciado en Política Internacional. Su último libro se llama “Más allá del libre comercio: Seguridad Esencial. Implicaciones militares y geoestratégicas de los Tratados de Libre Comercio”. Actualmente está concluyendo el libro “Costa Rica. La república del miedo”.

1Foster alliance, regional relations and security arrangements; Enhance regional, political and military relations; Provide or promote regional security and interoperability; Obtain support for U.S. forces and interests; Promote and improve cooperative measures and collective military capabilities; Promote, support and enhance democracy and stability in Latin America and the Caribbean. Ver: http://www.southcom.mil/appssc/factFiles.php?id=112

2 “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país”.

3 “El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley.

4“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento (…) ”

5 “Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley”.

6 “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley (…)”.

7 “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

8 “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.

9 “Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas”.

10 Arrieta, E. Loc. Cit. Énfasis nuestro.

11 Morris, K. “Piden declarar ilegal huelga de técnicos en farmacia”. En La Prensa Libre. Miércoles 24 de junio de 2009.En: http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/3532-piden-declarar-ilegal-huelga-de-tecnicos-en-farmacia.html. Último acceso: 14 de agosto de 2009.

12 Cantero, M. “CCSS rebajará salarios de 153 técnicos de farmacia tras huelga”. En La Nación. Miércoles 24 de junio de 2009. En http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/24/pais2006220.html. Último acceso 14 de agosto de 2009.

13Comunicado de prensa: ¿Por qué se suspende la Romería de la Virgen de los Ángeles y no otras actividades?

14Para adaptar a la población a vivir bajo estado de excepción y represión, este gobierno también ha implementado otros mecanismos como el sacar a la policía de los cuarteles y enviarla a las escuelas y colegios, bajo la excusa de lucha contra el narcotráfico, y violentando derechos de niños/as y jóvenes, que son re-catalogados como criminales, sometiéndolos a requisas, inspecciones, interrogatorios, etc.; así como en las carreteras, donde requisan autos y se suben a autobuses. Buscando de esta forma que las personas se acostumbren a vivir en un estado policial.

15Comunicado de prensa: Ministerio de Salud gira orden sanitaria a sindicatos para evitar huelga en servicios de salud

17Díaz, L. “Gobierno decreta obligatoria la vacunación contra el AH1N1”. La Nación, viernes 22 de enero de 2010. El país, 4A. Énfasis nuestro.

18Díaz, L. Íbid.

19Nótese el tipo de lenguaje, muy similar al plasmado en los decretos ejecutivos.

20Candidata del Partido Liberación Nacional, y representante del oficialismo.

21Candidato del Movimiento Libertario, cuya propuesta posee una esencia de extrema derecha, ha criticado al garantismo jurídico.





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Auschwitz como modelo sanitario. Vacunación Obligatoria, excepcionalidad y tanatopolítica en Costa Rica by Bryan González Hernández is licensed under a Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 3.0 Unported License.