"A este nuevo tipo de Gobierno, a esta nueva forma de Dictadura, cuyo origen y desarrollo responden a necesidades de orden económico y social de la clase gobernante, y que es la única forma de gobierno que puede garantizarles la esclavitud popular, se llama Dictadura Fascista, y ya se ha implantado en algunos países".
Carlos Luis Fallas
El referendo fue el mecanismo por el cual se implantó la "República del Miedo" en Costa Rica, el asalto a la democracia por excelencia. El gobierno recurrirá al miedo cuantas veces lo considere necesario, el terrorismo es un gran negocio, receta tomada de la administración Bush.
El Memorando de Casas y Sánchez no eran recomendaciones para ganar el referendo, de todos modos ya lo tenían todo preparado, el SÍ ganaría el proceso electoral. Por el contrario, este documento eran recomendaciones para el presidente Arias como debería gobernar un país dividido en dos bandos: mediante terrorismo de Estado.
A más de un mes del referendo, se contemplaba la utilización de la "Doctrina Casas-Sánchez o la materia, forma y poder de una República del Miedo". Por ejemplo, en el Editorial del diario oficial de la dictadura, del viernes 9 de noviembre de 2007, se expresaba que:
"(…) cuando una 'Asamblea nacional patriótica', sin legitimidad alguna, desconoce el resultado del referendo; cuando un grupo minúsculo de extremistas trata de paralizar, por las vías de hecho, el trabajo legislativo; cuando algunos de sus aliados intentan bloquear vías públicas, en perjuicio de todos los ciudadanos; cuando se llevan la 'lucha', las amenazas y los insultos a las casas de los diputados y sus familias, y cuando hace su aparición, como método, la amenaza de bomba en la Asamblea, no estamos ante una expresión legítima de las diferencias de criterio. Enfrentamos, al contrario, un intento deliberado por agredir a la democracia y a la inmensa mayoría del pueblo costarricense que cree en ella"[1].
En el documento de la "Doctrina Casas-Sánchez", en el apartado de "estimular el miedo: ii) miedo al ataque a las instituciones democráticas, se estipula que "es crucial convertir al Sí en equivalente con la democracia y la institucionalidad (…) y al NO en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia" (p. 4); "(…) esa conexión hay que inducirla. Este es un argumento que puede que solo funcione para ciertos sectores, pero puede ser muy efectivo sembrando la duda" (p. 4-5).
¿Por qué "puede ser muy efectivo sembrar la duda" induciendo al pueblo costarricense a una conexión oposición-terrorismo en una Costa Rica post-referendo? Es aquí donde entra a jugar la ley antiterrorista. Es interesante como tras la publicación de la noticia sobre la imposición para Costa Rica de pasar una ley antiterrorista, entiéndase USA PATRIOT Act, y las afirmaciones de Gerardo Castaing sobre la necesidad de "Cambios Semánticos" en el Código Penal más que una reforma[2]; los medios de comunicación, en especial La Nación, han emprendido una "campaña semántica" contra el movimiento opositor al TLC.
El anuncio de que el "acto solemne" en el cual se sancionaría al TLC como ley, previsto para el 14 de noviembre de 2007 en el teatro Melico Salazar, lugar donde hace 2 años los sindicalistas rechazaban el resultado de las elecciones presidenciales, en primera instancia, se creía, o al menos así quería el gobierno que se creyera, de que iba a representar un acto de humillación contra el movimiento de oposición por parte de la Alianza (gobierno y el complejo industrial-comunicacional). Sin embargo, "para evitar enfrentamientos violentos" el gobierno decidió cambiar la fecha y lugar del acto. Con ello, el gobierno lo que realmente pretendía era continuar con la "campaña semántica" contra el movimiento de oposición, al existir la posibilidad de un enfrentamiento violento para impedir que se sancionara como ley al TLC, se cataloga a toda la lucha contra el TLC como actos de Rebelión. Más que la "Ceremonia de Humillación", el descalificar al movimiento era el objetivo de la Alianza.
No es de extrañar que las manifestaciones masivas, derecho político inalienable de libre expresión que posee todo ciudadano, se transformen en actos de "Rebelión", es decir "los que se alzaren en número de 10 o más para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos". A esta "campaña semántica" se ha unido un sector de la iglesia católica, que recuerda a la iglesia de Pío XII y su alianza con los nazis. En su artículo el presbítero Mauricio Víquez Lizano, cataloga a la oposición como
"quienes se han convertido en verdaderas amenazas para la estabilidad nacional a proceder, en lo sucesivo, más en clave de sentido común y menos en la actitud poco patriótica e irrespetuosa que muestran de modo constante y que les ha llevado a tomar poses, que, me atrevería a decirlo, casi colindan con las altas traiciones de que habla la historia"[3].
Este cambio semántico contra el movimiento contra el TLC en consonancia con el "auge" de la delincuencia a nivel nacional y su impunidad, como lo planteó el informe "la pirámide de la injusticia" de Juan Diego Castro, y las interminables noticias de sucesos que transmiten los medios de comunicación y las exageraciones de las noticias, como por ejemplo, catalogar el hallazgo de 5 cadáveres en Ciudad Nelly como una "masacre", tienen como objetivo primordial crear un clima general de inseguridad y de fin del Estado de Derecho. Con ello se validaría el discurso de la doctrina de seguridad nacional: "la inseguridad y el terrorismo no puede ser combatido por métodos civiles, se necesita mano dura, relegar el poder a una Dictadura de Seguridad Nacional, que limitará los derechos y garantías individuales y sociales, pero nos mantendrá seguro y vivos".
Se desprende de ello la ecuación del terror, propuesta por la Doctrina Casas-Sánchez:
Oposición = Delincuencia
+ Ley Antiterrorista
=
Carlos Luis Fallas
El referendo fue el mecanismo por el cual se implantó la "República del Miedo" en Costa Rica, el asalto a la democracia por excelencia. El gobierno recurrirá al miedo cuantas veces lo considere necesario, el terrorismo es un gran negocio, receta tomada de la administración Bush.
El Memorando de Casas y Sánchez no eran recomendaciones para ganar el referendo, de todos modos ya lo tenían todo preparado, el SÍ ganaría el proceso electoral. Por el contrario, este documento eran recomendaciones para el presidente Arias como debería gobernar un país dividido en dos bandos: mediante terrorismo de Estado.
A más de un mes del referendo, se contemplaba la utilización de la "Doctrina Casas-Sánchez o la materia, forma y poder de una República del Miedo". Por ejemplo, en el Editorial del diario oficial de la dictadura, del viernes 9 de noviembre de 2007, se expresaba que:
"(…) cuando una 'Asamblea nacional patriótica', sin legitimidad alguna, desconoce el resultado del referendo; cuando un grupo minúsculo de extremistas trata de paralizar, por las vías de hecho, el trabajo legislativo; cuando algunos de sus aliados intentan bloquear vías públicas, en perjuicio de todos los ciudadanos; cuando se llevan la 'lucha', las amenazas y los insultos a las casas de los diputados y sus familias, y cuando hace su aparición, como método, la amenaza de bomba en la Asamblea, no estamos ante una expresión legítima de las diferencias de criterio. Enfrentamos, al contrario, un intento deliberado por agredir a la democracia y a la inmensa mayoría del pueblo costarricense que cree en ella"[1].
En el documento de la "Doctrina Casas-Sánchez", en el apartado de "estimular el miedo: ii) miedo al ataque a las instituciones democráticas, se estipula que "es crucial convertir al Sí en equivalente con la democracia y la institucionalidad (…) y al NO en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia" (p. 4); "(…) esa conexión hay que inducirla. Este es un argumento que puede que solo funcione para ciertos sectores, pero puede ser muy efectivo sembrando la duda" (p. 4-5).
¿Por qué "puede ser muy efectivo sembrar la duda" induciendo al pueblo costarricense a una conexión oposición-terrorismo en una Costa Rica post-referendo? Es aquí donde entra a jugar la ley antiterrorista. Es interesante como tras la publicación de la noticia sobre la imposición para Costa Rica de pasar una ley antiterrorista, entiéndase USA PATRIOT Act, y las afirmaciones de Gerardo Castaing sobre la necesidad de "Cambios Semánticos" en el Código Penal más que una reforma[2]; los medios de comunicación, en especial La Nación, han emprendido una "campaña semántica" contra el movimiento opositor al TLC.
El anuncio de que el "acto solemne" en el cual se sancionaría al TLC como ley, previsto para el 14 de noviembre de 2007 en el teatro Melico Salazar, lugar donde hace 2 años los sindicalistas rechazaban el resultado de las elecciones presidenciales, en primera instancia, se creía, o al menos así quería el gobierno que se creyera, de que iba a representar un acto de humillación contra el movimiento de oposición por parte de la Alianza (gobierno y el complejo industrial-comunicacional). Sin embargo, "para evitar enfrentamientos violentos" el gobierno decidió cambiar la fecha y lugar del acto. Con ello, el gobierno lo que realmente pretendía era continuar con la "campaña semántica" contra el movimiento de oposición, al existir la posibilidad de un enfrentamiento violento para impedir que se sancionara como ley al TLC, se cataloga a toda la lucha contra el TLC como actos de Rebelión. Más que la "Ceremonia de Humillación", el descalificar al movimiento era el objetivo de la Alianza.
No es de extrañar que las manifestaciones masivas, derecho político inalienable de libre expresión que posee todo ciudadano, se transformen en actos de "Rebelión", es decir "los que se alzaren en número de 10 o más para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos". A esta "campaña semántica" se ha unido un sector de la iglesia católica, que recuerda a la iglesia de Pío XII y su alianza con los nazis. En su artículo el presbítero Mauricio Víquez Lizano, cataloga a la oposición como
"quienes se han convertido en verdaderas amenazas para la estabilidad nacional a proceder, en lo sucesivo, más en clave de sentido común y menos en la actitud poco patriótica e irrespetuosa que muestran de modo constante y que les ha llevado a tomar poses, que, me atrevería a decirlo, casi colindan con las altas traiciones de que habla la historia"[3].
Este cambio semántico contra el movimiento contra el TLC en consonancia con el "auge" de la delincuencia a nivel nacional y su impunidad, como lo planteó el informe "la pirámide de la injusticia" de Juan Diego Castro, y las interminables noticias de sucesos que transmiten los medios de comunicación y las exageraciones de las noticias, como por ejemplo, catalogar el hallazgo de 5 cadáveres en Ciudad Nelly como una "masacre", tienen como objetivo primordial crear un clima general de inseguridad y de fin del Estado de Derecho. Con ello se validaría el discurso de la doctrina de seguridad nacional: "la inseguridad y el terrorismo no puede ser combatido por métodos civiles, se necesita mano dura, relegar el poder a una Dictadura de Seguridad Nacional, que limitará los derechos y garantías individuales y sociales, pero nos mantendrá seguro y vivos".
Se desprende de ello la ecuación del terror, propuesta por la Doctrina Casas-Sánchez:
Oposición = Delincuencia
+ Ley Antiterrorista
=
Delincuencia = Terrorismo
Por Tanto
=
Por Tanto
=
Oposición = Terrorismo
Solución: Consolidación de una Dictadura de Seguridad Nacional
Por tanto, no sería de extrañar que la amenaza de bomba en la Asamblea Legislativa, haya sido realizada por los mismos aparatos de inteligencia y seguridad que responden exclusiva y únicamente a los hermanos Arias. Realizada esta maniobra el mismo día de la manifestación frente a la Asamblea, llegaría el turno de los medios de comunicación para relacionar ambos sucesos, y que el mensaje que llegara a la población en general sería "manifestantes amenazan con bombas", en última instancia: "Comités Patrióticos son células terroristas".
Este tipo de artimañas han sido utilizadas a lo largo de la historia por los gobiernos para justificar estados de excepción y eliminar a la oposición. El incendio del Reichtag en 1933 en la Alemania nazi, permitió que se aprobara una ley antiterrorista -la llamada ley del incendio del Reichtag- que le dio poderes plenipotenciarios a Hitler para realizar persecuciones sistemáticas contra los comunistas, en un primer momento. Los mismos atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU provocó la aprobación del USA PATRIOT Act que le otorgó poderes plenipotenciarios al Ejecutivo estadounidense para crear un estado de excepción y de Guerra Permanente.
De estas lecciones de la historia, no sería extraño un atentado "terrorista" en la Asamblea Legislativa u otro lugar dentro del territorio nacional que justifique la necesidad de aprobar la ley antiterrorista para eliminar a la oposición. Hay que ser enfático en la gravedad de este tipo de leyes, debido al "cambio semántico" y legal que acarrean, pues se pasaría del principio liberal de nullum crimen sine lege (ningún crimen sin ley) a uno de nullum crimen sine poena (ningún crimen sin castigo), cualquier esencia neofascista NO es mera coincidencia. Este cambio del principio legal, le facilitaría el trámite para la "solución final a la cuestión de la oposición", sin trabas legales ni burocráticas y de forma preventiva.
Para mantener el Estado de Excepción, la Dictadura de Seguridad Nacional que se implantará en Costa Rica, hará creer, a través de los medios de comunicación aliados, de una constante amenaza, y que posibles ataques terroristas se darán en cualquier momento, por ejemplo la oleada de mareros hacia Costa Rica. Con ello, la Costa Rica temerosa, esa que fue la gran ganadora del referendo, le otorgará todos sus derechos al Ejecutivo, para que este les garantice su seguridad.
Se contempla un retorno al homo hominis lupus (El Hombre es el lobo del Hombre), un estado natural salvaje descrito por Hobbes, y con ello la necesidad de un nuevo pacto social que garantice la seguridad y tranquilidad de la temerosa población. Ese nuevo pacto social será la consolidación de la Tercera República.
Debe recordarse que los actos de corrupción eran el ingrediente necesario, no sólo para eliminar la competencia a la presidencia de Oscar Arias, sino para el desplome de la Segunda República en Costa Rica. Es simbólico que entre los imputados por corrupción se encontraran 2 de los hijos de los "padres de la patria", Figueres y Calderón, y además, se desprestigiara a 2 de las instituciones emblemas de la Segunda República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que representan sectores medulares del TLC, El Seguro Social y las Telecomunicaciones.
Al final todo va adquiriendo sentido, se desprestigian ambas instituciones; se reestablece el régimen neo-oligárquico con la reelección presidencial; Se deslegitima la Segunda República; Se estrechan lazos estratégicos con las empresas de seguridad privada; se realiza un asalto a la democracia con el referendo para desmovilizar a la sociedad; Se criminaliza a toda la oposición; las instituciones ya desprestigiadas y catalogadas como ineficientes no pueden "competir" contra la empresa extranjera y con ello se da una privatización de los sectores que estas representaban; se denuncia el pináculo de la delincuencia, esta se vuelve insostenible; se dan atentados terroristas; se aprueba la ley antiterrorista que complementa al artículo 21.2 del TLC, Seguridad Esencial; Se declara estado de excepción permanente; consolidación de la Dictadura de Seguridad Nacional; iniciarán las persecuciones -y asesinatos- sistemáticos; se impone la Tercera República, un estado parcialmente militarista, es decir "La República del Miedo".
Por último, tras el referendo salen a relucir los vicios de la negociación del TLC, como las cartas paralelas, las mentiras de los medios, la venta de Atlas Eléctrica, entre muchos otros elementos que muestran como se engañó al pueblo costarricense. Sin embargo, hay algo que no se ha cuestionado como debería ser y es el aparato de seguridad que rodea al presidente, aparato que no es digno de un presidente "elegido democráticamente" en un país "pacífico y desmilitarizado". ¿Será acaso, que el presidente Arias sabe de antemano lo perjudicial que iba a ser el TLC? ¿A qué temerá por su vida el presidente, a un grupo de manifestantes que reclaman por sus derechos, o a algún grupo poderoso que ve afectados sus intereses?
Solución: Consolidación de una Dictadura de Seguridad Nacional
Por tanto, no sería de extrañar que la amenaza de bomba en la Asamblea Legislativa, haya sido realizada por los mismos aparatos de inteligencia y seguridad que responden exclusiva y únicamente a los hermanos Arias. Realizada esta maniobra el mismo día de la manifestación frente a la Asamblea, llegaría el turno de los medios de comunicación para relacionar ambos sucesos, y que el mensaje que llegara a la población en general sería "manifestantes amenazan con bombas", en última instancia: "Comités Patrióticos son células terroristas".
Este tipo de artimañas han sido utilizadas a lo largo de la historia por los gobiernos para justificar estados de excepción y eliminar a la oposición. El incendio del Reichtag en 1933 en la Alemania nazi, permitió que se aprobara una ley antiterrorista -la llamada ley del incendio del Reichtag- que le dio poderes plenipotenciarios a Hitler para realizar persecuciones sistemáticas contra los comunistas, en un primer momento. Los mismos atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU provocó la aprobación del USA PATRIOT Act que le otorgó poderes plenipotenciarios al Ejecutivo estadounidense para crear un estado de excepción y de Guerra Permanente.
De estas lecciones de la historia, no sería extraño un atentado "terrorista" en la Asamblea Legislativa u otro lugar dentro del territorio nacional que justifique la necesidad de aprobar la ley antiterrorista para eliminar a la oposición. Hay que ser enfático en la gravedad de este tipo de leyes, debido al "cambio semántico" y legal que acarrean, pues se pasaría del principio liberal de nullum crimen sine lege (ningún crimen sin ley) a uno de nullum crimen sine poena (ningún crimen sin castigo), cualquier esencia neofascista NO es mera coincidencia. Este cambio del principio legal, le facilitaría el trámite para la "solución final a la cuestión de la oposición", sin trabas legales ni burocráticas y de forma preventiva.
Para mantener el Estado de Excepción, la Dictadura de Seguridad Nacional que se implantará en Costa Rica, hará creer, a través de los medios de comunicación aliados, de una constante amenaza, y que posibles ataques terroristas se darán en cualquier momento, por ejemplo la oleada de mareros hacia Costa Rica. Con ello, la Costa Rica temerosa, esa que fue la gran ganadora del referendo, le otorgará todos sus derechos al Ejecutivo, para que este les garantice su seguridad.
Se contempla un retorno al homo hominis lupus (El Hombre es el lobo del Hombre), un estado natural salvaje descrito por Hobbes, y con ello la necesidad de un nuevo pacto social que garantice la seguridad y tranquilidad de la temerosa población. Ese nuevo pacto social será la consolidación de la Tercera República.
Debe recordarse que los actos de corrupción eran el ingrediente necesario, no sólo para eliminar la competencia a la presidencia de Oscar Arias, sino para el desplome de la Segunda República en Costa Rica. Es simbólico que entre los imputados por corrupción se encontraran 2 de los hijos de los "padres de la patria", Figueres y Calderón, y además, se desprestigiara a 2 de las instituciones emblemas de la Segunda República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que representan sectores medulares del TLC, El Seguro Social y las Telecomunicaciones.
Al final todo va adquiriendo sentido, se desprestigian ambas instituciones; se reestablece el régimen neo-oligárquico con la reelección presidencial; Se deslegitima la Segunda República; Se estrechan lazos estratégicos con las empresas de seguridad privada; se realiza un asalto a la democracia con el referendo para desmovilizar a la sociedad; Se criminaliza a toda la oposición; las instituciones ya desprestigiadas y catalogadas como ineficientes no pueden "competir" contra la empresa extranjera y con ello se da una privatización de los sectores que estas representaban; se denuncia el pináculo de la delincuencia, esta se vuelve insostenible; se dan atentados terroristas; se aprueba la ley antiterrorista que complementa al artículo 21.2 del TLC, Seguridad Esencial; Se declara estado de excepción permanente; consolidación de la Dictadura de Seguridad Nacional; iniciarán las persecuciones -y asesinatos- sistemáticos; se impone la Tercera República, un estado parcialmente militarista, es decir "La República del Miedo".
Por último, tras el referendo salen a relucir los vicios de la negociación del TLC, como las cartas paralelas, las mentiras de los medios, la venta de Atlas Eléctrica, entre muchos otros elementos que muestran como se engañó al pueblo costarricense. Sin embargo, hay algo que no se ha cuestionado como debería ser y es el aparato de seguridad que rodea al presidente, aparato que no es digno de un presidente "elegido democráticamente" en un país "pacífico y desmilitarizado". ¿Será acaso, que el presidente Arias sabe de antemano lo perjudicial que iba a ser el TLC? ¿A qué temerá por su vida el presidente, a un grupo de manifestantes que reclaman por sus derechos, o a algún grupo poderoso que ve afectados sus intereses?
Ante todo, es imperativo movilizar a la población contra la ley antiterrorista que se quiere imponer en Costa Rica y hacer un llamado internacional de denuncia sobre la situación nacional que es consecuencia de la crisis hegemónica de los EEUU, un intento desesperado por mantenerse como centro de poder, colocando dictaduras con esencia fascista en la región, como posibles aliados estratégicos ante la posibilidad de un conflicto contra Venezuela.
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[1] Editorial. "Extremistas contra democracia". La Nación. Opinión. Viernes 9 de noviembre de 2007. p. 34A. subrayado nuestro.
[2] Vargas, O. "País podría ser expulsado de red mundial antiterrorismo". La Nación. Sucesos. Lunes 22 de octubre de 2007. p. 14A.
[3] Víquez Lizano, M. "¿Insolencia ilustrada o sedición?". La Nación. Opinión. Viernes 9 de noviembre del 2007. p. 35A.
[1] Editorial. "Extremistas contra democracia". La Nación. Opinión. Viernes 9 de noviembre de 2007. p. 34A. subrayado nuestro.
[2] Vargas, O. "País podría ser expulsado de red mundial antiterrorismo". La Nación. Sucesos. Lunes 22 de octubre de 2007. p. 14A.
[3] Víquez Lizano, M. "¿Insolencia ilustrada o sedición?". La Nación. Opinión. Viernes 9 de noviembre del 2007. p. 35A.
1 comentario:
Antonio, nos hemos tomado la libertad de comunicar su artículo a través de ComitesPatrioticos.com, esperando sea de su aprobación y a la vez fecilitándole por el trabajo realizado.
Artículo publicado en: http://www.comitespatrioticos.com/index.php/opinion/38-opinion-general/776-la-republica-del-miedo-parte-ii
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